El obrero rural tiene rostro
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- Enrique Gil Calvo
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El libro compilado por Mirta Lobato y Juan Suriano ilustra la importancia del desarrollo de las instituciones laborales en la Argentina. Subraya la relevancia de la continuidad y los cambios en una unidad que permite entender aspectos de procesos históricos complejos. Sin duda, la relación del peronismo con el agro reconoce desde sus orígenes la puja entre proyectos vinculados a sectores sociales de naturaleza diversa.
Cuando se produjo el golpe de estado de 1943, los sectores reformistas nucleados en la Federación Agraria Argentina encontraron en el general Diego Mason, ministro de Agricultura, un referente asociado a iniciativas que tendían a consolidar a los agricultores de menor tamaño frente a las condiciones adversas generadas por la Segunda Guerra. Un decreto rebajó en un 20% los arrendamientos pactados para la agricultura en 1940, declaró nula la prohibición de uso ganadero de las chacras permitiendo su utilización hasta en un 40% de la superficie total, prorrogó los contratos de arrendamientos que vencieran en el período 1944-45, suspendió los juicios de desalojo y otorgó libertad para cambiar la forma de pago de dinero a pago en especie.
Hasta entonces los partidos políticos con influencia en el agro, planteaban como salida para los trabajadores rurales –frente a la desocupación provocada por las crisis internacionales y los avances tecnológicos–, transformar a los obreros rurales en productores facilitando su acceso a la tierra. Así lo explica en este libro Susana Piazzesi al relatar cómo la Federación Santafesina del Trabajo dirigida por militantes socialistas planteó esta estrategia al convocar el primer congreso de trabajadores rurales del país en 1938.
Pero la designación en octubre de 1943 del coronel Juan Perón como presidente del Departamento Nacional del Trabajo y su inmediata transformación en Secretaría de Trabajo y Previsión inició un enfrentamiento por definir cuáles serían los sectores beneficiados por las políticas estatales. A medida que avanzaba el proyecto político de Perón, el peso de los 400.000 obreros rurales transitorios y 370.000 permanentes, y los 230.000 productores no propietarios en condiciones de votar fue definiendo el alcance de las medidas. Entonces, el 17 de octubre de 1944, se sancionó el Estatuto del Peón dirigido a los peones mensuales o permanentes que elevaba significativamente sus condiciones de vida. Esta legislación fortalecía (con decretos y resoluciones de las Bolsas de Trabajo controladas por los sindicatos de obreros rurales) la imposición de las cuadrillas en turnos rotativos, y la severa limitación al uso de la mano de obra familiar de los productores.
Fueron medidas que consolidaron el proyecto de ascenso al poder en base a los obreros rurales, pero que enfrentaron al gobierno con sectores importantes de la producción agraria –a pesar de los beneficios a los arrendatarios que permitió a muchos acceder a la propiedad de la tierra por vía de la compra. La sanción en 1947 de la ley de Creación de la Comisión Nacional de Trabajo Rural que unificaba toda la legislación anterior sobre el trabajo rural, generó la primera respuesta unificada de las organizaciones agrarias entre las que se encontraban varias hasta entonces enfrentadas entre sí, como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Federación Agraria Argentina. Ya desde el origen, el peronismo encontró dificultades relevantes para definir su proyecto social sobre el agro argentino.