Ejército y sociedad

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Fecha de la publicación:: 01/09/2013
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El gobierno de Fernando de la Rúa asumió la presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 1999. Su gobierno significó un retroceso en la construcción de mecanismos democráticos de control civil de las Fuerzas Armadas. Mientras la gestión de Menem logró la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político a través de su sometimiento a la lógica pendular de la seducción, la concesión y el castigo, la desidia del gobierno de De la Rúa en el campo de la defensa derivó en una política de complicidad con los reclamos de prerrogativas de las autoridades militares. Las figuras clave en este proceso fueron el ministro de Defensa, el economista Ricardo López Murphy, y el jefe del Ejército, el general Ricardo Brinzoni. Las acciones de ambas figuras contribuyeron a debilitar dos esferas del control civil de las Fuerzas Armadas sobre las que se habían producido avances desde 1983: las posiciones públicas del Ejército sobre la última dictadura militar y los juicios por violaciones a los derechos humanos, y el cuestionamiento público de las jerarquías militares a las políticas gubernamentales.

(…) La profunda crisis que la Argentina vivió en diciembre de 2001 fue una prueba de fuego para el Ejército Argentino. En ese contexto crítico, las autoridades militares se preocuparon de recordarle al gobierno que las leyes impedían la intervención militar en el control de los graves conflictos sociales que se vivían en aquellos días. Para muchos sectores políticos y sociales, esta actitud de los militares fue un ejemplo de su internalización de las reglas del juego democrático; para otros, entre ellos Brinzoni y Jaunarena, la magnitud de la crisis revelaba la necesidad de revisar las distinciones legales entre seguridad interna y defensa que impedían el recurso a los militares para paliar la crisis. Brinzoni y Jaunarena también propusieron reinstaurar el servicio militar obligatorio para brindar un espacio de contención a los jóvenes afectados por la crisis. Pero sus propuestas encontraron la oposición de Eduardo Duhalde, el presidente provisional que había reemplazado a De la Rúa en enero de 2002 después del caótico paso de cuatro presidentes en diez días.

(…) Duhalde cerró su gobierno con una medida inesperada que involucraba a las Fuerzas Armadas: los indultos al líder del movimiento carapintada, el ex coronel Mohamed Seineldín, quien cumplía condena perpetua por su responsabilidad en la rebelión militar de diciembre de 1990, y al ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, quien también cumplía cadena perpetua por el copamiento del cuartel de La Tablada en enero de 1989. Los indultos revelaban que al inicio del siglo XXI los vínculos entre el gobierno democrático y las Fuerzas Armadas se continuaban fraguando al calor del tratamiento político y judicial de figuras, símbolos y acciones relacionados con el pasado reciente. No resulta sorprendente, entonces, que éste haya sido el eje de vinculación con las Fuerzas Armadas que Néstor Kirchner privilegió al asumir la presidencia de la Nación, el 25 de mayo de 2003.

(…) Néstor Kirchner tuvo a los militares en la mira desde el inicio de su gobierno. Al segundo día de su asunción, Kirchner adoptó un conjunto de medidas de alto impacto en el ámbito militar: removió a Ricardo Brinzoni de la jefatura del Ejército y designó al general Roberto Bendini en su lugar, disponiendo su asunción para el día siguiente, el 28 de mayo; firmó un decreto que pasó a retiro a casi el 75% de los generales del Ejército y al 50% de los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea; reivindicó los reclamos históricos de “memoria, verdad, justicia” de los organismos de derechos humanos; se pronunció a favor de la ratificación de la nulidad de las “leyes del perdón” (Obediencia Debida y Punto Final) y designó a José Pampuro, un dirigente peronista que tenía buenos vínculos con las Fuerzas Armadas, como ministro de Defensa.

(…) La intransigencia con que Kirch-ner inició su relación con las Fuerzas Armadas también buscaba dejar en claro que su gobierno no toleraría el protagonismo, los reclamos ni el tipo de vínculo con el poder político que Brinzoni había mantenido durante su mandato al frente del Ejército

(...) En las semanas y meses que siguieron a su asunción, Kirchner se encargó de demostrar que la lucha de los organismos de derechos humanos, la promoción de los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado en los años 70 y la reivindicación en clave generacional de la militancia revolucionaria de aquellos años serían componentes centrales de sus acciones de gobierno y de sus políticas hacia el sector militar. Los gestos que ratificaron esta posición fueron numerosos: sus audiencias con figuras emblemáticas de los organismos de derechos humanos de la Argentina, su discurso en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el apoyo a la extradición de militares acusados por tribunales extranjeros y la designación de Luis Eduardo Duhalde, un abogado fuertemente vinculado a la defensa de ex militantes de organizaciones de guerrilla armada, como secretario de Derechos Humanos de la Nación.

Pronunciados a poco de iniciar su gobierno, estos gestos de Kirchner produjeron diferentes impactos en las Fuerzas Armadas. La generación de oficiales que Kirchner había pasado a retiro y la que ascendió en su lugar a las cúpulas del Ejército los recibieron como una amenaza personal en el plano judicial, político y simbólico; en cambio, las generaciones intermedias y las más jóvenes los tomaron como un ataque institucional que no afectaba sus intereses profesionales individuales. A pesar del malestar y la sensación de amenaza, los jefes militares se mantuvieron en silencio, quizá con la esperanza de que las próximas medidas del nuevo presidente hacia el sector militar fueran más benévolas.

Pero se equivocaron. Al año siguiente, las acciones de Kirchner hacia los militares fueron más drásticas y contundentes. Su lógica de disciplinamiento de las Fuerzas Armadas no sólo buscaba impactar en las voluntades de sus integrantes, sino que también intervino sobre los símbolos militares. El 24 de marzo de 2003, cuando se cumplía un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, Kirchner realizó una ceremonia de alto voltaje simbólico: asistió al Colegio Militar de la Nación y le ordenó al jefe del Ejército el retiro de los cuadros de los ex dictadores Videla y Bignone de la galería de imágenes de ex directores de esa academia militar. La fotografía del general Bendini subido a un pequeño banco retirando el cuadro de Videla recorrió el mundo.

Ese mismo día, en un acto multitudinario, Kirchner ingresó a la ESMA acompañado por militantes de organismos de derechos humanos e hijos de desaparecidos, algunos de los cuales habían nacido en esa academia militar que durante la dictadura había funcionado como centro de detención clandestina y tortura de personas. En el acto, Kirchner firmó un acuerdo que convertía a la ESMA en un “espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos” y pronunció un discurso en el que pidió perdón en nombre del Estado Argentino a la sociedad por la última dictadura militar.

El impacto mediático y político de estas acciones fue enorme. Kirchner cosechó innumerables adhesiones de sectores políticos y sociales que desde hacía años buscaban un reconocimiento oficial a las causas y luchas de los organismos de derechos humanos. En el ámbito militar, en cambio, la sensación de amenaza e incertidumbre fue generalizada: el nuevo gobierno no sólo estaba decidido a intervenir en el plano jurídico y simbólico relacionado con la última dictadura militar, sino que también se entrometía en la intimidad de las instituciones militares.

En este contexto, José Pampuro, el ministro de Defensa, debió ocupar su tiempo en apaciguar los temores que las acciones de Kirchner generaban en el ámbito militar más que en desarrollar nuevas políticas de defensa. (...)

Durante sus primeros años de gobierno, Kirchner aplicó a los militares una política que combinó la punición simbólica con la demostración de su determinación en el ejercicio del mando. Esta política estableció con firmeza los límites que los militares no podían transgredir respecto de temas sensibles, como las dimensiones judiciales, simbólicas y políticas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos en los años 70. En cambio, las acciones concretas de reforma integral de las Fuerzas Armadas y el sector de Defensa recién comenzaron a implementarse a finales de 2005.